EL AMPARO CONTRA  RESOLUCIONES JUDICIALES

 

RICHARD SAUSA CORNEJO (*)

1.-ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

La Ley 23506 (Ley de Habeas Corpus y Amparo) cuya vigencia duró por 24 años, era utilizada para la impugnación de resoluciones judiciales. Este tipo de proceso de amparo, fue calificado por el Tribunal Constitucional un al amparo alternativo y no subsidiario ni residual.

Como la Constitución de 1993, establece en su Artículo 200 inciso 2 que no procede el amparo contra resoluciones judiciales emanadas en un proceso irregular, entonces cabe la posibilidad de que sean interpuestas demandas contra resoluciones judiciales emitidas en un proceso irregular. El problema era determinar qué cosa era un proceso irregular.

El Tribunal Constitucional, considera que proceso regular es aquel donde se han respetado las reglas del debido proceso señalando literalmente que “(...) el proceso judicial regular se expresa cuando se manifiestan los elementos esenciales del debido proceso entre otros; el debido emplazamiento, el derecho a “ser oído”, el uso de recursos impugnatorios permitidos por ley, la actuación de pruebas pertinentes en su oportunidad, el acceso a la doble instancia, la debida motivación y fundamentación de las resoluciones” (1). Define también el proceso de amparo de la siguiente manera: “el amparo no es un proceso judicial a través del cual se pueda enervar la validez de resoluciones judiciales dictadas al interior de un proceso judicial, como tampoco constituye un proceso judicial, por de alguna manera llamarlo así, casatorio, donde los jueces constitucionales puedan ingresar a evaluar las razones de hecho y de derecho que los llevaron a expedir una resolución judicial, dado que su objeto primario es la defensa de los derechos constitucionales que, por acción u omisión, puedan resultar vulnerados o amenazados de vulnerarse”

La Ley 23506 establecía que procede el amparo contra resoluciones judiciales con tres condiciones: a) Que exista vulneración del debido proceso, es decir un proceso irregular, b) Que, como consecuencia del proceso irregular se vulnere derechos fundamentales, de manera grave e inminente, c) Que no exista otra vía de defensa judicial, o que, existiendo, se interponga la acción como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, o que el examen particular que realice el juez de tutela verifique que la otra vía, en cuanto a su eficacia, no es la más adecuada para la protección inmediata del derecho fundamental violado o amenazado.

Esta situación cambia  con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional en el cual se adquieres el sistema del amparo residual.

2.- EL REGIMEN CON LA ENTRADA EN VIGENCIA DEL NUEVO CODIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL - LEY 28237.       

Con la regulación del nuevo Código Procesal Constitucional, establece reglas claras de las causales de procedencia e improcedencia del amparo contra las resoluciones judiciales. Disponiendo la residualidad en el Artículo 5 inciso 2 declarando la improcedencia de las demandas de los procesos constitucionales cuando existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado. El problema ahora es definir con claridad qué cosa es vía igualmente satisfactoria.

Al respecto el Tribunal Constitucional (2) nos da las pautas de ello y señala que “conforme lo establece el artículo 4° del Código Procesal Constitucional, el amparo contra resoluciones judiciales sólo procede cuando se acredite que las mismas hayan sido dictadas con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, o al debido proceso. Si bien la norma en referencia no hace distinción entre resoluciones emitidas en los procesos ordinarios de las que provengan de procesos constitucionales, este Tribunal ha sostenido, de modo uniforme, que el uso del amparo contra resoluciones judiciales debe limitarse en la mayor medida posible, cuando se trata de decisiones emanadas de un anterior proceso de amparo, máxime si en el proceso constitucional que se cuestiona se ha declarado fundada la demanda, es decir, se ha dado efectiva protección a un derecho constitucional violado o amenazado” 

La misma sentencia alude a las causales de improcedencias señalando que (...) cuando el Código Procesal Constitucional se refiere en su artículo 5°, inciso 6), a la improcedencia de un proceso constitucional que cuestiona una resolución judicial firme recaída en otro proceso constitucional, esta disposición restrictiva debe entenderse referida a procesos donde se han respetado de modo escrupuloso el debido proceso y la tutela procesal efectiva en sus distintas manifestaciones, conforme al artículo 4° del mismo Código Procesal Constitucional(...)”. Finalmente dispone que “Este Colegiado también ha definido ya su posición al respecto, al establecer que “(...) la posibilidad del “amparo contra amparo” tiene fuente constitucional directa en el segundo párrafo del inciso 2° del articulo 200° de la propia Constitución, donde se establece que el Amparo, “(...) No procede contra normas legales ni contra resoluciones judiciales emanadas de procedimiento regular”. De esta forma, abre el espectro de posibilidades de impugnar en sede del proceso constitucional de cuestionar las resoluciones emitidas en procesos de amparo, (Caso Municipalidad Provincial de San Pablo, Exp. N.º 3846-2004-PA/TC), salvo que sean emitidas por el Tribunal Constitucional.

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NOTAS:
(*) Abogado. Egresado del Sexto Curso del Profa (Amag).
(1) Sentencia  del Tribunal Constitucional del 11 de Mayo del 2005 (Expediente 2371-2005-PA/TC)
(2 ) STC en el Exp. N.° 200-2002-AA/TC

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